Docente colaborador

Creo que la incorporación de profesionales del medio ambiente a la función pública exige algo más que el dominio técnico; debe comprenderse los marcos normativos, institucionales y sociales en los que se adoptan decisiones con impacto sobre el territorio, los ecosistemas y la ciudadanía, así como asumir la responsabilidad inherente al ejercicio de un poder público que se legitima en la confianza social.

Por ende, la formación de los ambientólogos que pretenden acceder al cuerpo superior de la Administración Pública no debe entenderse solo como preparación instrumental sino como un espacio para consolidar el criterio, la vocación de servicio y la conciencia de responsabilidad.

En este sentido, la responsabilidad del docente diseñando los contenidos formativos coherentes y alineados con los marcos legislativos autonómicos, estatales y europeos, ofrece respuesta a la necesidad de contribuir a un ejercicio del poder público responsable y orientado al interés general.

Escuela de Formación del Colegio Oficial de Ambientólogos de Cataluña

Perito Judicial Ambiental

Contrario a lo que suele creerse, la cuestión no es qué se evalúa, sino bajo qué condiciones puede decirse verdad cuando ésta produce efectos jurídicos y sociales; el perito interviene allí donde el conflicto exige una fijación de sentido, donde se espera que el conocimiento transforme la incertidumbre en un punto estable, aun sabiendo que ese conocimiento puede actuar como cierre anticipado, como pretexto técnico o, en determinados usos, como sustitución de la decisión judicial, cuando el informe deja de orientar la decisión y pasa a funcionar como decisión sustitutiva. ¿Qué se exige entonces a la verdad en ese contexto? No una afirmación concluyente, sino una relación estricta con lo que puede sostenerse, con sus límites y con las consecuencias inherentes al enunciar. El problema no es la ausencia de respuesta, sino la presión constante a decir más de lo que el propio marco del saber permite.